Fundadores y directivas de sitios de memoria de distintos países hacen un balance de sus luchas contra el olvido de la guerra civil española, el Holocausto, las dictaduras y los conflictos armados de América Latina. La mayoría coincide en trabajar con escasos recursos económicos, bajo políticas públicas que no gozan de presupuesto a la suerte de las posturas de los gobiernos de turno y algunos incluso arriesgando la vida. Pese a los obstáculos, no declinan para que no se repitan actos que atenten contra los derechos humanos y para que nunca más se irrespete la vida.
A través de computadores y celulares acceden a hablar con periodistas, ubicados en Colombia y España. Un número importante de conversaciones empieza con relatos íntimos, desde los que revelan que han sido víctimas directas de la violencia estatal o de grupos armados ilegales; lo que, contrario a destruirlos, les da fuerza para crear proyectos que fortalezcan la memoria colectiva.
El asesinato de su tío, en medio de la ola de violencia que se vive en Nicaragua desde abril de 2018, cuando protestas ciudadanas fueron respondidas por el gobierno de Daniel Ortega con “brutal represión”- como lo calificó Human Rights- llevaron a Emilia Yang, experta en medios, a integrar la Asociación Madres de Abril (AMA), creada por las víctimas. Su experticia la condujo a liderar el proyecto AMA y no Olvida, Museo de la Memoria contra la impunidad.
La historia de Julio Solórzano, director del Memorial para la Concordia de Guatemala, nace en la guerra civil (1960-1996) que se produjo en el país centroamericano. “Yo soy nacido en México, hijo de guatemaltecos y hace 12 años me vine a Guatemala para buscar un espacio de trabajo alrededor de la memoria, porque mi madre fue secuestrada y desaparecida en la década del 80, en medio del conflicto armado interno. Tengo 2 hermanos que murieron como guerrilleros”. Intentó hacer un museo de los derechos humanos y la memoria. Aunque no lo hizo, logró conectar a 45 organizaciones que luchan para que no se olvide lo que pasó, a través de una plataforma virtual en la que digitalizaron información sustancial sobre las víctimas y la violencia.
Con 72 años Maurice Politi, director administrativo del Núcleo de Preservación de Memoria Política en Sao Paulo, recuerda que cuando tenía 21 militaba en Ação Libertadora Nacional (ALN), una organización de resistencia a la dictadura militar (1965-1980). Politi fue arrestado por las fuerzas del Estado. “Me condenaron a 10 años de cárcel. Esta pena fue reducida a cuatro años tras una apelación de mis abogados”. Luego de cumplir la condena, los militares lo expulsaron del país por no haber nacido allí. Llegó con sus padres de Egipto a los nueve años. “Entonces yo me fui a vivir a Israel cinco años hasta la época de la amnistía. Regresé a Brasil en 1980”.
Trabajó durante tres años en la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, en la Secretaría Especial de Derechos Humanos de Brasilia. Al termino de su función creó, con otros expresos políticos, el Núcleo de Preservación de la Memoria Política. “La entidad fue formada por Iván Seixas. Hoy tiene 13 años y actúa en el campo del rescate de la memoria histórica”, agrega.
Desde Paraguay, María Stella Cáceres, fundadora y directora del Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos, relata: “He tenido la suerte de participar en el descubrimiento del llamado Archivo del terror, en el que se encontraron las primeras grandes pruebas del Plan Cóndor y de la Dictadura Stroessnista (Alfredo Stroessner). Hemos impulsado la Comisión de la Verdad y Justicia, y hemos creado el Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos, precisamente en un sitio de horror, como lo fue la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (usado para detenciones ilegales, torturas y asesinatos) e instalada en Paraguay en 1956 con la colaboración directa -o la imposición- del Gobierno Norteamericano. Allí recuperamos ese edificio con un colectivo de organizaciones llamado Mesa Memoria Histórica, que asegura la participación de las víctima y defensores en este proceso. Ahí instalamos el Museo”.
De acuerdo con las personas entrevistadas, hasta finales del siglo pasado se produjo un boom de espacios de memoria en América Latina, impulsados por defensores de derechos humanos y víctimas de las dictaduras y de diversos conflictos vigentes en la región. Muchos de estos proyectos se inspiraron en los memoriales creados tras la Segunda Guerra Mundial.
Justamente desde Polonia, Pawel Sawicki, responsable de prensa del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau (ABSM), uno de los lugares más representativos del Holocausto, explica que el museo es consecuencia de la discusión de lo que se haría con ese lugar tras la liberación y el fin del dominio Nazi y la contundente petición de los sobrevivientes de que ese campo de concentración fuera un espacio de memoria en el que se honrara a las víctimas.
Pese a la fuerza de los espacios de memoria sobre la Segunda Guerra Mundial consolidados en Europa, Iratxe Momoitio Astorkia, directora del Museo de la Paz de Guernica, asegura que solo hasta finales de los noventa y principios del dos mil se da un auge de proyectos sobre la memoria colectiva. “Yo pondría un símil: era como un desierto, no había casi nada (años noventa) y éramos pioneros los que empezábamos a trabajar estos temas”. Para dar un ejemplo relata: “Nosotros hicimos un proyecto europeo que se llama Los Caminos de la Memoria, en el año 2001-2002 y era para hablar de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la guerra civil española. Fue un recorrido histórico, turístico, por lugares de memoria. A nosotros nos tocó todo lo de España y nos costó muchísimo, había pocas asociaciones identificadas que trabajaban por la memoria”.
Las historias citadas revelan que no son los gobiernos los promotores de la creación de espacios de memoria. Estos proyectos surgen de ideas de reconciliación que diseñan víctimas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. No obstante, en Colombia la formación de un Centro de Memoria Histórica y de un Museo Nacional de Memoria (CNMH) es resultado de la Ley de Víctimas firmada en 2011 por el entonces presidente Juan Manuel Santos.
Aunque reconoce el progreso que Colombia ha tenido frente a este tema, Mabel Casas, experta en derecho internacional de los derechos humanos y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, señala: “Nosotros todavía tenemos una batalla en garantizar espacios de memoria porque no hemos salido del conflicto armado de manera completa; entonces, pensarnos en la construcción de la memoria a través de la guerra se ha convertido en un espacio de pugna”.
Que la memoria sea un lugar simbólico de disputas no es un fenómeno exclusivo de Colombia, ocurre en todos los países rastreados en este especial. La razón está en que detrás del ejercicio de la memoria hay una acción política. Patricia Nieto, profesora de la Universidad de Antioquia y directora del proyecto Hacemos Memoria, explica que es político porque es reconocer “en mi dolor y en mi sufrimiento el dolor del otro, pero también reconocer que fuimos dañados, que recibimos una violencia, una violencia injusta y hay que luchar para que haya verdad, justicia, y para que no ocurra en el futuro otra cosa igual o parecida”.
Muy pocos gobiernos dan importancia a los espacios de memoria, pese a la responsabilidad social y política que tienen de salvaguardarla, porque existen políticas internacionales que así lo exigen, particularmente en los países con procesos de justicia transicional.
En el caso de América Latina, la resolución 3 de 2019, expedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA), plantea: “Las políticas públicas de memoria se encuentran inscritas en las obligaciones estatales de provisión de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.
Marta Cisterna, integrante del equipo de incidencia de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, y vocera del Centro de memoria José Domingo Cañas de Chile, asegura que los gobiernos no se preocupan por los sitios de memoria. “Somos un cacho, un estorbo para los Estados, pero están obligados, ese es el punto”. La obligación se enmarca, según la experta, en las políticas nacionales e internacionales que surgieron de las discusiones sobre el valor de la memoria luego del Holocausto.
Cisternas hace un balance de la situación en América Latina: en Chile no hay políticas de memoria; Uruguay, que era un país que no tenía políticas en este asunto, finalmente logró sacar una ley, pero la hicieron sin presupuesto; en Brasil, sobre todo en el gobierno de Dilma Rouseff, hubo una expansión con respecto al tema en memoria, de hecho, se crearon muchos sitios, esto es importante porque en su momento solo había uno. El país más avanzado en políticas de memoria es Argentina.
Argentina es un país insignia por sus luchas para que permanezca la memoria colectiva de lo ocurrido en la dictadura. Emilio Crenzel, autor del libro La Historia Política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina, dice que aunque en el país se creó un fuerte movimiento de derechos humanos que tuvo una poderosa incidencia en las políticas que desde el Estado se implementaron, como pasa en todos los países de la región, dependen de los mandatarios. “El gobierno de Mauricio Macri estuvo profundamente desinteresado”. Y explica que, aunque financió a los sitios de memoria, “no tuvo ningún tipo de voluntad de que crecieran en presupuesto, en posibilidades de desarrollo de actividades, etc. Por el contrario, achicó la planta de personal y restringió presupuesto”.
El caso del Museo de la Paz de Guernica, en España, no difiere de lo que ocurre en América Latina. Según su directora, el panorama es irregular e inestable, siempre depende de las políticas que el gobierno marque, “porque no se creó una ley que estuviera protegida, con un mínimo de recursos. De esa manera, se habría podido hacer muchas más cosas y regular en diferentes ámbitos. Entonces depende mucho de quién esté, qué importancia le dé a este tema o no le dé y qué recursos ponga o qué no ponga, pero, por desgracia, eso va a ocurrir en el presente y en el futuro. Sin embargo, ahora parece que hay un borrador para aprobar una nueva ley de memoria histórica”.
Sobre este asunto, Patricia Nieto, directora del proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia, manifiesta que los gobiernos tienen un deber con la memoria y, en consecuencia, deberían aportar recursos. “Esos gobiernos deben tener la madurez de separarse del contenido de esos espacios; es decir, aportar el dinero o posibilitar la pedagogía que allí se significa, pero comprendiendo que esos museos deben estar en manos de la sociedad civil y no comprometidos con ninguna fuerza, ni partido político”.
En Colombia hay dos notables excepciones. La dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), asignada por el Presidente de la República, lo que ha generado un descontento por parte de las víctimas, particularmente con el nombramiento de Rubén Darío Acevedo Carmona y sus posturas negacioncitas del conflicto armado del país.
Su nombramiento y posturas llevó incluso a que la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que reúne a 275 lugares de memoria del mundo, suspendiera la membresía del Centro de Memoria colombiano el primero de febrero de 2021.
La Casa de la Memoria de Medellín, creada en 2006 bajo el Programa de Atención de Víctimas de la Alcaldía de esa ciudad, y una de las primeras experiencias de este tipo en el país, es de orden público y su sostenimiento depende de recursos oficiales. La dirección está en manos de quien sea designado por la alcaldía, lo que genera descontento en algunos sectores que piden que la casa esté en manos de la sociedad civil o de una junta mixta.
En conversación con periodistas de este especial, el actual director de la Casa de la Memoria, Jairo Herrán, asegura que para el año en curso contaron con un presupuesto de aproximadamente siete mil millones de pesos (un millón ochocientos mil dólares).
De las fuentes consultadas, solo Herrán pudo dar una cifra cuantiosa. Otros proyectos dependen de donaciones, de las entradas a sus museos – hoy afectados por la pandemia- y de las gestiones de quienes los direccionan.
Sobre este asunto, Nieto hace un llamado importante: “No sé si el problema sea que haya más leyes o no, de pronto es más de que exista un mayor interés de la empresa privada, de las universidades, los centros de pensamiento, los medios de comunicación. Es decir, que desde diversos sectores se dé un compromiso mayor con la memoria”.
En los últimos años se ha dado en América Latina y Europa el escalonamiento de grupos políticos y movimientos ciudadanos de extrema derecha que representan viejas ideas, que se creían superadas, sobre los derechos humanos, las formas de gobernanza, la economía y la resolución de conflictos. Muestra de ello es la elección en Estados Unidos de Donald Trump (2016), en Brasil de Jair Bolsonaro (2018), el crecimiento de Vox en España, los resultados negativos en el Plebiscito por la Paz en Colombia (2017), entre otros, que han llevado a que analistas internacionales prendan las alarmas.
Millán Arroyo y Rodrigo Stumpf, académicos de España y Brasil respectivamente, alertan en su libro Política y Sociedad que “El autoritarismo, el populismo y el apoyo a los partidos de derecha radical avanzan en ambos continentes”. Agregan que lo más preocupante es el aumento de estos fenómenos entre los jóvenes, lo que podría ser un indicio de tendencia de cambio intergeneracional, un punto de inflexión de la llamada revolución silenciosa, desde la que se validan ideas, procesos y formas de imponer el orden que irrespetan libertades y aprueban la violencia contra quienes tienen posturas diferentes.
Esta situación tiene en riesgo a muchas defensores de derechos humanos y organizaciones sociales que trabajan por la memoria. Marta Cisternas relata acerca de la situación en Chile: “Los pocos sitios de memoria que existimos, hemos tenido ataques y no hemos tenido ningún apoyo del Estado. La Casa Memoria José Domingo Caña ha tenido cinco ataques y en ninguno de esos hemos tenido un miembro del Estado visitando el sitio memoria para ver lo que pasó, no hemos tenido medidas de resguardo, no hemos tenido ningún tipo de apoyo cercano”.
Yang, actual directora del proyecto Ama y no Olvida de Nicaragua, narra que las familias de víctimas de la actual represión del gobierno (365 personas asesinadas en 2018), mapearon los hechos desde que sus familiares salieron de casa, fueron asesinados y hacia donde fueron llevados. Con la información construyeron mapas digitales colectivos y también una recopilación de los homenajes que han hecho a esas víctimas.
“Teniendo todos estos componentes, decidimos para el lanzamiento hacer una exposición física abierta por tres meses, en la Universidad Centroamericana. La tuvimos que cerrar porque hubo un pique (aumento) en la represión”. Además, hicieron un allanamiento a la oficina de Francis Valdivia, presidente de AMA. “Era un mensaje: primero vamos con la oficina y después contigo, entonces hay diferentes maneras de intimidación”, dice Yang.
La situación de Brasil y Nicaragua revelan que el trabajo por la memoria implica riesgos porque siempre habrá grupos interesados en borrarla o negarla, dado que contiene señalamientos a quienes violaron derechos humanos. Pero esto, paradójicamente, evidencia su importancia y el impacto que la acción de hacer memoria contiene. Además, la capacidad de transformar, de empoderar y de ser argumento de lucha para la no repetición de acciones violentas.
Quienes trabajan en la producción de la memoria colectiva desde espacios físicos y simbólicos en el mundo tienen un compromiso activo con la verdad y la no repetición que los gobiernos deben proteger, de cara a las responsabilidades internacionales adquiridas en defensa y reparación no solo de víctimas de conflictos bélicos y represiones estatales, sino en defensa de una comunidad y su derecho a una vida pacífica. Es clave entender que la memoria es justamente un vínculo simbólico y material entre las vidas de distintas generaciones.
Noviembre 2021, © Todos los derechos reservados